sábado, junio 04, 2005

Cámara de Diputados de Chile investiga caso de ex portuarios

Desde el año 1999 a la fecha ha corrido mucha agua bajo el puente en relación al caso de los beneficios entregados por el gobierno de Chile a ex trabajadores marítimo-portuarios que se desvincularon del sector. Algunos recibieron pensiones administrativas de por vida del orden de los 150 mil pesos mensuales, y en otros casos entre 7 a 8 millones para la creación de alguna microempresa para que se reinsertaran en un nuevo mercado laboral, debido al proceso de modernización y transformación en sociedades estatales autónomas de los puertos que estaban bajo el alero de la ex Emporchi. Así al menos se pensó que sería, pero el tiempo dijo otra cosa, y las consecuencias de graves irregularidades cuando se creían llevadas por el viento del olvido, permanecen vigentes pero en silencio.
En su oportunidad incluso el ex subsecretario Patricio Tombolini involucró al Ex Ministro del Interior y actual Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en unos dineros que fueron entregados en forma privada y vía secretaría cuando el proceso hacía ya largo tiempo que había concluido.
En su tiempo un medio de comunicacion del Puerto de San Antonio siguió el proceso de entrega de beneficios a ex portuarios, y efectivamente se detectaron irregularidades, como casos en que las personas seleccionadas no tenían derecho, otros tantos no cumplían los requisitos, casos de personas que ni siquiera trabajaban en el sector portuario, etc. etc.
La Cámara de Diputados, ante la insistencia de parlamentarios de oposición, ha decidido llegar hasta el final, y la comisión investigadora se ha reactivado y las sorpresas cada vez serían mayores, comentándose incluso que los montos de dineros destinados a esos programas de reinserción laboral, que ascendieron a un par de decenas de millones de dólares, no cuadrarían con lo que figuraría efectivamente entregado, como también figura el hecho que habría personas que habrían recibido montos muy superiores a los establecidos.
Lo que estaría complicando a las autoridades, al igual que a los parlamentarios, es que, de acuerdo al informe de la Contraloría General de la Republica, los procesos judiciales deberán hacerse si o si, en todos aquellos casos en que efectivamente se ha descubierto la existencia de fraude al Fisco . . . . . . .